lunes, 7 de abril de 2008

La democracia y la guerra en Colombia
Un recambio pacífico más de gobierno, en medio de una guerra interna que se cobra día a día decenas de muertos y pilas de escombros, encarna en Colombia los rasgos extremos de la clase de disyuntivas que enfrentan en su conjunto las democracias latinoamericanas. El país atraviesa una crisis tan profunda del Estado que el poder político, aun con plena legitimidad de origen, puede carecer de herramientas y recursos operativos que permitan garantizar condiciones de paz y protección mínima a la ciudadanía.El caso colombiano se distingue nítidamente en el contexto regional por la presencia del narcotráfico y de poderosos grupos irregulares militarizados, la más antigua guerrilla subsistente y las bandas paramilitares. Un asentado poder económico que tiene sus bases en la producción interna y la comercialización externa de drogas y un poder armado con control sobre áreas territoriales del interior del país, han avanzado sobre una erosión sistemática de las capacidades estatales al cabo de cuatro décadas de guerra interna y más de diez años de desafío abierto del narcotráfico.Desde entonces, Colombia ha experimentado todo lo imaginable: desde atroces atentados y violentas campañas represivas hasta treguas y negociaciones que llegaron incluso a un reconocimiento de las fuerzas insurgentes y a principios de acuerdo para una solución pacífica. También se buscaron distintas alternativas frente a los carteles de la droga, desde la persecución y el encarcelamiento o muerte de sus líderes hasta el reconocimiento de los mismos como fuentes de financiamiento y el impulso a infructuosos planes de sustitución de cultivo con respaldo norteamericano.Pero las vías de resolución pacífica se fueron estrechando hasta desembocar en callejones sin salida. El flamante presidente Alvaro Uribe Vélez recibe de su antecesor un último fracaso con la guerrilla de las FARC y asume con la promesa de endurecer la lucha antiterrorista y comprometer en ella a militares y civiles.El violento ataque perpetrado en plena asunción presidencial contra el Congreso y el Palacio de Gobierno, es un sombrío anticipo del escenario que se avecina. Por contrapartida, la presencia de otros mandatarios democráticos de la región y el compromiso asumido por Colombia al sumarse a la Corte Penal Internacional, son indicadores del camino que no debería perderse en la búsqueda de la paz y la justicia por vías legítimas, que no incrementen aún más la violencia y el terror